Torrealday inmobiliaria -- Mesa de concertación para el acceso a la vivienda

Mesa de concertación para el acceso a la vivienda

Por Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

Hace un año, desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires proponíamos la imperiosa necesidad de agilizar los tiempos bancarios en la adjudicación de un crédito. Veíamos con preocupación que la creciente demanda bloqueaba los tiempos del sistema bancario y fue allí que los escribanos sugerimos digitalizar algunos procesos para agilizar los trámites.

A los pocos meses, el dólar y la inflación se dispararon y el crédito desapareció. Los indicadores nos marcan quelas escrituras con crédito de este 2019 son de las más bajas de la serie histórica.

Sin crédito no hay mercado. La realidad demuestra que resulta ineludible conformar una mesa del sector que incluya a la industria de la construcción, a los desarrolladores, a los representantes gremiales de los trabajadores de la construcción, a los bancos públicos y a los especializados —como el Hipotecario—, al Banco Central, a la AFIP, a la Secretaria de Vivienda, a la Coordinación de la Jefatura de Gabinete —dado el impacto de la crisis— y a los escribanos, que son artífices de las estructuraciones jurídicas de los desarrollos inmobiliarios, los agentes de retención del Estado y los que se encargan de los trámites y gestiones administrativas que le permiten al inversor obtener su título de propiedad.

Entre todos tenemos que redoblar esfuerzos para materializar una nueva reingeniería inmobiliaria que fomente una mayor demanda del empleo en la obra privada, que mida realmente el impacto de suspensión de normas impositivas totales o parciales contra la actual recaudación que tiende a cero, hasta que se logre un equilibrio en el que la tasa de los créditos hipotecarios vuelva a ser de un dígito. Necesitamos que el conjunto de estos actores fomente una única reglamentación clara y reglas de juego posibles de ser cumplidas.

Todo ello junto no es más ni menos que una mesa de concertación con una profunda visión social: que tienda a generar más trabajo, mayor acceso a la vivienda, un Estado cada vez más inteligente y eficiente, y la articulación armoniosa entre profesionales, empresas y sindicatos.

La semana pasada se volvió a difundir el boleto digital inmobiliario, presentado como una herramienta que busca impulsar las ventas de departamentos en pozo en la Ciudad de Buenos Aires. En la presentación se argumentó que esa registración permitirá acceder al crédito hipotecario. Facilitar la financiación es un objetivo loable, pero se confunden las instancias; el soporte físico o digital de un negocio cerrado entre las partes en nada cambia. Estamos convencidos de que primero hay que lograr desarrollar un producto, luego hay que brindar condiciones y reglamentaciones para volcarlo al mercado, y recién ahí se generará la necesidad de instrumentar.

Más allá de ello hay algunas preguntas a considerar: ¿están implementados los seguros de caución?; estos seguros ¿tienen un costo estándar o solo los grandes desarrolladores lo podrán obtener?; ¿qué contra cautela se le exigirá a un desarrollista sin capital propio para tomar un crédito cediendo estos boletos?; quienes busquen ser propietarios de los departamentos ¿podrán tener la certeza de contar con un plano de mensura aprobado con todas las unidades a construir?; en su caso, y frente a un escenario de conflicto, ¿quién terminará la obra?

Todo programa que aliviane la burocracia y agilice trámites es bienvenido. Pero hay que tener muy en claro que la viabilidad de estas medidas será posible cuando las variables macroeconómicas encuentren un rumbo más estable.

Es vital remarcar que más allá del tipo de soporte documental para la comercialización, el derecho constitucional a la propiedad se plasma en el título de propiedad, que se obtiene mediante escritura. En la Argentina podemos dudar de muchas cosas, pero una escritura que otorga título de propiedad es uno de los hechos más infalibles de nuestra historia jurídico-económica.

fuente: Clarín


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